Iniciativa – Venta De Alcohol A Menores

Toluca de Lerdo, México, 8 de noviembre de 2018.

C. PRESIDENTE DE LA H. “LX” LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, la que suscribe Diputada Karla Leticia Fiesco García, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona al Código Penal del Estado de México con el objeto de inhibir el consumo de alcohol a menores de edad, con sustento en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 10 de agosto de 2017 se aprobó por mayoría de votos en la Quincuagésima Novena Legislatura la eliminación como agravante la venta de alcohol a menores, tipificada en el articulo 204 del Código Penal del Estado de México, además se despenaliza la venta de alcohol a quien no cuente con licencia de funcionamiento o permiso alguno, por el que se deroga el artículo 148 Bis.

Lo anterior, favorece el consumo de alcohol sin contemplar que es el principal problema de adicción en nuestro país, que afecta especialmente a los adolescentes, además de estar ligado a más de 200 enfermedades, lo que provoca a nivel mundial aproximadamente 303 millones de muertes al año; así también tiene un impacto directo en la promoción de conductas violentas y antisociales, desavenencias familiares, accidentes de tránsito e incluso en la comisión de ilícitos.

La reforma antes referida fue propuesta por el Titular del Ejecutivo del Estado de México y se publicó en el decreto 241, de fecha 8 de septiembre de 2017 en la “Gaceta de Gobierno”, en la cual se deja al Estado en segundo termino, respecto de su obligación para garantizar de manera plena el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de sus derechos, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, dicha propuesta de reforma muestra total incongruencia en comparación con la que se presentó en el año 2012 por el Titular del Ejecutivo del Estado de México, mediante la cual se reforman diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y del Código Penal del Estado de México; y donde uno de los objetos fue la modificación del artículo 148 Bis y 204 en su fracción I del Código Penal del Estado de México, mismos que con el decreto 241 del 2017 también son eliminados, ha propuesta del Ejecutivo.

Bajo esté contexto Acción Nacional interpuso la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la derogación del segundo párrafo de la fracción I y del párrafo octavo de la fracción III del artículo 204 del Código Penal del Estado de México y en consecuencia el Decreto 241 del 2017 emitido por la LIX Legislatura del Estado de México; por considerar que se contravinieron las medidas legislativas requeridas para garantizar el pleno desarrollo de la infancia y la adolescencia, dejando de atender el principio del interés superior de la niñez.

De forma ilustrativa y a efecto de denostar la incongruencia por parte del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, se expone el comparativo de las reformas a los artículos 148 Bis y 204 del Código Penal del Estado de México correspondientes a los años 2012 y 2017 presentadas por el Titular del Ejecutivo del Estado de México y aprobadas en su momento por las Legislaturas correspondientes:

Cuadro comparativo de reformas al Código Penal del Estado de México

Reforma 2012 Reforma 2017
Artículo 148 Bis.- Al que venda o suministre bebidas alcohólicas, sin contar con la licencia de funcionamiento, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de quinientos a dos mil días multa. Artículo 148 Bis.- Derogado.

Artículo 204.-

I. Al consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de doscientos a dos mil días multa.

La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad a quien venda bebidas alcohólicas a menores de edad, ya sea en envase cerrado, abierto o para consumo por copeo;

 

 

 

 

 

 

 

II a III…

(…)

A quien permita directa o indirectamente el acceso a personas menores de edad a establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas como discotecas, bares, cantinas, pulquerías, centros nocturnos, centros de espectáculos, billares, centros de venta de cervezas o similares, se le aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

Artículo 204. …

I  

 

 

Derogado.

 

 

Se impondrá la pena señalada en el párrafo primero, al que organice o realice eventos, reuniones, fiestas o convivios al interior de inmuebles particulares, vendiendo o facilitando para el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes a menores de 18 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o personas que no tienen capacidad de resistir la conducta.

 

II a III. …

(…)

 

 

 

Derogado.

 

 

Fuente: Decreto No. 53 publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 22 de febrero de 2013 y Decreto No. 241 publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 8 de septiembre de 2017.

Derivado del análisis al cuadro anterior, así como de la exposición de motivos de las reformas presentadas por el Ejecutivo en el año 2012, se desprende que dichas propuestas se realizaron bajo el argumento del incremento en los índices de consumo de alcohol en los menores de edad, por lo que estas disposiciones se establecieron en función de evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad; y para que los establecimientos contarán con licencias de funcionamiento o permisos correspondientes.

Cinco años después, el Poder Ejecutivo del Estado de México cambia contradictoriamente su postura, puesto que primeramente elimina la penalidad al que venda o suministre bebidas alcohólicas, sin contar con licencia de funcionamiento establecida en el artículo 148 Bis; segundo, elimina la penalidad que consideraba como agravante del delito, a quien vendiera bebidas alcohólicas a menores de edad, ya sea en envases cerrados, abiertos o para consumo por copeo, dispuesta en el artículo 204 fracción I del Código Penal del Estado de México.

Por último, se elimina la penalidad a quien permita directa o indirectamente el acceso a personas menores de edad a establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas como discotecas, bares, cantinas, pulquerías, centros nocturnos, centros de espectáculos, billares, centros de venta de cervezas o similares, que anteriormente se encontraba vigente en el párrafo octavo de la fracción III del Artículo 204 del Código Penal del Estado de México

Dichas propuestas son justificadas por el Titular del Ejecutivo únicamente bajo el argumento de que la venta de bebidas alcohólicas sin licencia o permiso, debe ser considerada como una falta administrativa, en razón de que la figura era utilizada de manera indiscriminada por parte de los servidores públicos del Ministerio Público para extorsionar e intimidar a las y los titulares de unidades económicas.

Los argumentos antes referidos no justifican y motivan las reformas presentadas y aprobadas el año pasado, puesto que si el único razonamiento fue erradicar o disminuir los índices de corrupción por parte de los servidores públicos, se debió considerar otros medios o instrumentos que ayudarán en la disminución de dichos índices, en este caso, se pudo haber recurrido al Sistema Estatal Anticorrupción, cuya finalidad es prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas o hechos de corrupción.

Por otra parte, en ningún momento justifica las demás propuestas mencionadas, mismas que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esto de conformidad a lo dispuesto en los Principios 1 y 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, donde se establece que las autoridades tienen como obligación de que en todas las circunstancias los menores figuren entre los primeros en recibir protección completa para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, precisa que se deben tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la infancia y la adolescencia, atendiendo siempre al principio del interés superior de la niñez. En este sentido plantea la obligación de los Estados de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, lo que se traduce en la obligación de generar políticas públicas que permitan reducir la mortalidad infantil, a través de acciones muy específicas y concretas que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha planteado como intervenciones prioritarias en materia de supervivencia de los niños y niñas.

Así también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, refiere en su artículo 5 que todo individuo posee el derecho a la integridad personal, así como la obligación del Estado de protección de menor derivado de su condición, lo cual queda plasmado en el artículo 19 de dicho pacto.

Las Disposiciones Generales de la Ley General de los Derechos de los niños Niñas y Adolescentes puntualiza de manera clara que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con base en lo anterior, las instituciones públicas deben contener y expresar la obligación del Estado de expedir una legislación adecuada que contenga un catálogo de derechos humanos dirigidos a los menores de edad, en la que no quepa duda alguna que existe reconocimiento de los derechos y principios reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

Con la aprobación del Decreto 241, se ha vulnerado e incumplido con el principio del interés superior de la niñez, al ser una decisión que no permite garantizar de manera plena los derechos de las niñas y los niños, la satisfacción de sus necesidades y un sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Recientemente el año pasado la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2016-2017 refiere que aproximadamente el 42.9% de los adolescentes entre 12 y 17 años de edad han probado alguna vez alcohol en su vida, y el 12.9% tienen un consumo excesivo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Estado de México, los jóvenes comienzan el consumo de alcohol a los 12 años, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestra entidad concentra el mayor número de jóvenes menores de edad en el país; característica poblacional de la entidad por la cual debe establecer medidas apropiadas para reducir el problema del alcoholismo.

Por otra parte, de acuerdo a lo referido en la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode) 2014, el Estado de México es una de las cinco entidades con mayor consumo de alcohol entre estudiantes de secundaria y preparatoria, también se encuentran la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala como estados con mayor porcentaje.

Estos datos reflejan mayor consumo a menor edad, advirtiendo el daño que se están ocasionando nuestros jóvenes, sin que la autoridad realice políticas eficientes contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, incluyendo la prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso la rehabilitación.

Por otro lado, el incremento en los índices de consumo de alcohol en adolescentes, también se debe a la venta de bebidas alcohólicas en las cercanías de las escuelas, particularmente en aquellas de nivel bachillerato y universitarios; toda vez que existe una oferta elevada, tanto en el bloque de tiendas afuera de las escuelas como en comercios y expendios, así como lugares encubiertos bajo otro giro comercial, donde se pone a disposición de los jóvenes el consumo sin restricciones ni medidas; y donde muchos de estos establecimientos no cuentan con la licencia de funcionamiento o permiso correspondiente.

Si bien el otorgamiento de licencias de funcionamiento o permisos para el establecimiento de comercios, expendios y demás, es competencia municipal, se debe reiterar que los negocios que se dedican a esta actividad deben estar a no menos de 500 metros de las instituciones educativas. En esta tarea se requiere corresponsabilidad de los diferentes órganos de gobierno, para que se sancione a los establecimientos que no cuenten con la licencia de funcionamiento o permiso correspondiente, así como con la debida distancia y peor aún cuando venden bebidas alcohólicas a menores de edad.

Esta situación debe vigilarse constantemente y ofrecer a nuestros jóvenes espacios libres de alcohol, para evitar los riesgos asociados a su consumo excesivo, a través del monitoreo de establecimientos con venta de alcohol y de mayores penas a quienes están enfermando a nuestros jóvenes.

Como legisladores debemos aprobar leyes que protejan la salud e integridad de toda la población, pero principalmente de aquellos más vulnerables, como los son nuestros niños, niñas y adolescentes.

Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de cambiar lo que consideramos dañino para la sociedad en favor de la razón, a través de esta reacomodo político, por ello debemos crear consensos apartados de ideologías partidistas y estar unidos en acciones a favor de los mexiquenses. Es momento de trabajar, de presentar propuestas y Acción Nacional está dispuesto a colaborar, pero también será una voz crítica cuando no asista la razón.

No podemos permitir que nuestros jóvenes se encuentren expuestos a este tipo de adicciones, por ello la necesidad de volver a agravar las penas a quien venda alcohol a menores de edad; aquellos que no cuenten con la licencia de funcionamiento o permisos correspondientes; así como incrementarlas para aquellos que vendan alcohol en las inmediaciones de instituciones educativas.

Cero tolerancia a la venta de alcohol a menores.

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA”

DIP. KARLA LETICIA FIESCO GARCÍA
PRESENTANTE

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